EN EL TRAMO FINAL EL FRENTE GREMIAL CONVOCA A UN NUEVO PARO EN RECLAMO DE PAGO DE LA CLÁUSULA GATILLO

RECLAMA SE CONVOQUE A LA COMISIÓN DE POLÍTICA SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO 

Las entidades sindicales del Frente Gremial Docente, ante la total falta de respuestas del Gobierno al reclamo central de pago de la cláusula gatillo comprometida y adeudada a la fecha por el Gobierno, convocan a una nueva medida de fuerza consistente en el paro total de actividades desde el miércoles 9 y hasta el viernes 12 del corriente inclusive. Recuerdan que la deuda que el Gobierno debe pagar a los docentes chaqueños –activos y jubilados- de manera retroactiva al 1 de abril de un 7,8%; desde el 1 de julio el 5,8% más, y desde el 1 de octubre último, un 7,4% , porcentajes todos en concepto de corrección del desfasaje por inflación correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre del año en curso respectivamente.

La pauta salarial para el sector fue definida en el mes de febrero del presente año en el marco de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo encabezada por el propio Gobernador de la Provincia, que a instancias del Frente Gremial ha dejado firme como piso de la misma, la cláusula gatillo, precisamente para evitar perder poder adquisitivo frente a la inflación incesante; y no solo eso, sino que también adeuda el Gobierno la discusión y la determinación de una política de recuperación y de recomposición salarial para que vaya de la mano de la cláusula gatillo, en razón del poder adquisitivo estrepitosamente perdido en los años 2017 y 2018, política de empobrecimiento que ha retomado la actual gestión de Gobierno incumpliendo con la cláusula gatillo en particular y estancando el avance en la determinación de la política de recuperación propiciada por el espacio gremial –con la negación del Gobierno de convocar siquiera a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo que a mediados de junio último pasara a un cuarto intermedio para ser reanudada a la brevedad- lo que no se concretó en los hechos.

Claro está que con la política de empobrecimiento del Gobierno provincial, ha sumido a no menos del 90 % de los trabajadores de la educación –activos y jubilados- por debajo de la línea de pobreza, contrastando con el discurso oficial de apostar por la educación del pueblo; máxime frente a la definición última de la paritaria nacional docente, donde fijó para el año en curso no menos de un 30 %, definición que históricamente toman “como referencia” los gobiernos de las distintas jurisdicciones… cuando les conviene.

A la gravísima situación salarial generada por lo antes dicho, el Gobierno le ha sumado una política de brutal ajuste de toda la estructura del sistema educativo, a través de definiciones sistemáticas del Ministerio del área, generando “ahorros” traducidos en verdaderos ajustes, con la no designación de suplentes a lo largo de todo el presente año, no afectando las horas correspondientes a los nuevos espacios curriculares; cerrando cargos y horas cátedras en los distintos niveles y modalidades, especialmente en el nivel secundario, sumamente golpeado por la política errática implementada; y como si poco fuera, pretendiendo avanzar con cierre de carreras en todos los Institutos Terciarios de la Provincia, con el solo fin de ir por la liquidación total de los IES del Chaco, desestabilizando a los docentes y perjudicando a los alumnos a quienes les dejarían truncas las carreras que están cursando, sin la posibilidad de

culminar las mismas. No hay explicación alguna que no tenga como base la del criterio nétamente economicista que se ha tornado en la brújula de la cartera educativa, diametralmente opuesta todas y cada una de las decisiones al discurso oficial de “garantizar el derecho social a la educación”.

Reiteran su rechazo a la pretendida transformación del Nivel Superior a espaldas de toda la comunidad educativa, y exigen se dicte además, de manera previa, la ley de resguardo laboral y de protección de los demás derechos de los docentes de todos los Institutos Terciarios de la Provincia.

Renglón aparte merece el proyecto oficial de “ley de sistema de educación digital”, que fuera rechazado categóricamente por todas las entidades sindicales en el marco de la mesa técnica, haciéndose públicos los fundamentos del rechazo, ratificados a diario, con la advertencia de la inconstitucionalidad misma que representa tal pretensión oficial, lo que también está direccionado desde el Gobierno a debilitar el sistema educativo público, estatal, formal, con vistas a suplirlo por “la educación digital”; un verdadero despropósito, toda vez que intenta establecer un sistema “paralelo” absolutamente inadmisible.

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