Códigos de descuento sin control

Por Gustavo Corregido (*)

El Estado en su función de garante de los derechos de los usuarios y consumidores es quien debe controlar la aplicación de las tasas de interés conforme la ley N° 6676 y los mecanismos de recupero de créditos que otorgan cooperativas, mutuales y algunas empresas relacionadas a los servicios financieros, con acceso al código de descuento.
Faltan pocos días para que se cumpla un año de la recomendación que efectuó el Instituto del Defensor del Pueblo a los organismos competentes en la materia, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.
Precisamente de esto habla el artículo 13 de la ley de creación de este Instituto, señala que el defensor “prestará especial atención a aquellas situaciones que denoten una falla sistemática o general de la administración pública, procurando aconsejar las acciones que permitan eliminar o disminuir el defecto”.
Un caso reciente que evidencia la fragilidad de este sistema ocurrió en relación a una prestadora privada de servicios de salud que apareció en los recibos de sueldos de miles de trabajadores –casi todos o todos docentes-.
Enfáticamente repito que esta circunstancia le fue advertida a las autoridades con competencia en la materia, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas al respecto.
No puede dejar de mirarse que las víctimas de este sistema están doblemente acosadas. Los empleados públicos de la provincia del Chaco son presa fácil del mecanismo de código de descuentos y siguen inmersos en la zozobra que genera tener que hacer frente a erogaciones extraordinarias, es decir fuera de lo común, de lo razonable.
A esta situación debe sumarse el hecho de que si acudieron a esta clase de empréstitos fue en muchos casos como resultado de haber estado sumidos en un alto endeudamiento del que no podrían salir por sus propios medios.
Queda en evidencia que el Estado –garante del cumplimiento de las garantías constitucionales, de la protección del bienestar general y del afianzamiento de la Justicia, preceptos que impone la Carta Magna-ante la falta de un efectivo control, abre la brecha para que estos sectores del financiamiento no regulado ejerciten su comercio en desmedro de la parte débil en la relación de consumo.
Así como hace una semana suscribía que quienes tienen que controlar al servicio de transporte de pasajeros apenas suben a los colectivos para una imagen publicitaria, los que deben hacer lo propio con esta clase de “servicios financieros” no son clientes de los mismos, o porque no lo necesitan o porque se mueven en el mercado bancario, formal y regulado.
En cierto modo, esta circunstancia degrada la garantía de igualdad ante la ley. Esa desigualdad está alimentada justamente por desinterés de la autoridad de aplicación.
No me permito pensar que no hay solución para esto. Existe y no tiene costo. Depende sólo de la voluntad política de hacer, de respetar y estar a la altura de la jerarquía de los cargos que le fueron impuestos a quienes tienen la tarea de controlar.
Mientras esto no pasa, hay algunos empleados públicos que están pagando 16% de interés mensual, casi el 200% anual, por un crédito, o que están siendo ejecutados -por haber sido obligados a firmar un pagaré en blanco- por una deuda que los acreedores han percibido íntegramente a través de los códigos de descuento.
Y esto no pasa en lugares que escapan a toda mirada, sino que funciona a cara descubierta, publicitando la modalidad en medios masivos de comunicación, diarios, radios y televisión.
Y lo saben los funcionarios encargados del control, porque este Instituto ha efectuado una serie de recomendaciones que no han tenido destino hasta el momento y también la Justicia porque el modus operandi ha sido detallado en una denuncia presentada ante una Fiscalía de Investigación.
Estamos –entonces- en presencia de la renuncia del Estado a cumplir con la obligación de proteger al ciudadano.
En el mes de septiembre del año pasado, cuando faltan pocos días para que se cumpla un año, he recomendado un procedimiento que permita un efectivo control y que consiste en: que la suma otorgada se deposite en la caja de ahorro cuenta sueldo del Banco del Chaco del empleado de la administración pública, debiendo las entidades otorgantes del préstamo realizar una precarga en el sistema de la autoridad de aplicación, determinado el capital, tasa de interés y cantidad y monto de cuotas a pagar.
Posteriormente la entidad que otorga el préstamo deberá remitir a la autoridad de aplicación la constancia de depósito bancario del préstamo, la autorización para código de descuento certificada por escribano público en el que constará capital, tasa de interés, cantidad y monto de cada cuota.
Cumplido el procedimiento antes descripto, la autoridad de aplicación debería otorgar la autorización una vez que estime completo el trámite y siempre que los intereses se encuadren en la ley Nº 6676 (de conformidad al art. 2º Inc. a) “Que el costo financiero total expresado como Tasa Efectiva Anual no supere la tasa de interés máxima de Préstamos Personales (TNA) vigente en el Nuevo Banco del Chaco SA y publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, más hasta diez puntos porcentuales anuales (10 %).
Por último, para mayor control, los recibos de sueldo deberían tener el detalle del número de cuota que se debita, tal como lo exige el Art. 4 de la ley 6676/10, “los datos deberán ser reflejados en los recibos de haberes expedidos por las respectivas áreas de liquidación de los mismos”.
Está claro que si hay voluntad puede haber control y si hubiera control no habría usura.

* Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco. 
Fuente: Primera Línea

Comentarios

  1. Los empleados públicos de la provincia del Chaco son presa fácil del mecanismo de código de descuentos y siguen inmersos en la zozobra que genera tener que hacer frente a erogaciones extraordinarias

    ¡¡¡¡ESTE GOBIERNO LE ROBA A LOS POBRES PARA DÁRSELO A LOS RICOS!!!!

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  2. No me permito pensar que no hay solución para esto. Existe y no tiene costo. Depende sólo de la voluntad política de hacer, de respetar y estar a la altura de la jerarquía de los cargos que le fueron impuestos a quienes tienen la tarea de controlar.

    PERO ELLOS NO SABEN HACER LAS COSAS BIEN... YA LO DIJO EL QUE FUE VICEGOBERNADOR DEL PINGUINOTUERTO: ¡¡¡¡¡¡LO UNICO QUE SABEN HACER ES ROBAR!!!!!!

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  3. hay algunos empleados públicos que están pagando 16% de interés mensual, casi el 200% anual, por un crédito, o que están siendo ejecutados -por haber sido obligados a firmar un pagaré en blanco- por una deuda que los acreedores han percibido íntegramente a través de los códigos de descuento.

    ¿QUIEN ERA EL QUE DECÍA QUE CON ESTE GOBIERNO CUALQUIERA PODÍA SACAR PRÉSTAMOS?

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  4. Y NO LO DIGO YO, LO DICE EL ¡"Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco."!

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  5. Le habrá otorgado crédito LA PUTA FINANCIERA siempre que uno se meta con una puta y reputa pasa eso, sale despilfarrado.

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  6. DEJEN DE HABLAR MACANAS RADICALES DE M.
    PREPÁRENSE PARA TOMAR SU LECHITA MARCA LA NATA DESPUÉS DE LAS DIEZ.

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  7. Está claro que si hay voluntad del gobierno puede haber control y si hubiera control del gobierno no habría usura.

    firmado: Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco.

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  8. Estamos –entonces- en presencia de la renuncia del Estado a cumplir con la obligación de proteger al ciudadano.

    (párrafo 14 o 15 de esta nota)

    firmado: Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco. (puesto, a dedo por el gobierno)

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  9. Estamos –entonces- en presencia de la renuncia del Estado a cumplir con la obligación de proteger al ciudadano.

    ¿SABES LAS VALIJAS QUE DEBEN LLENAR CON ESTA "NUEVA " MAÑA?

    NO HAY NADA QUE HACERLE, LO MIRES POR DONDE LO MIRES: LOS QUE TIENEN EL PODER EN SUS MANOS DE AYUDAR O PERJUDICAR A LOS POBRES Y NECESITADOS ¡¡¡ESTAN EN CONTRA DEL PUEBLO!!!

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