Recientemente una inspección de la ONU a la Argentina por la situación de las comunidades indígenas del país realizó varias recomendaciones para acortar la brecha que existe entre las leyes que protegen a los pueblos originarios y su aplicación.
El relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya, encargado de redactar el informe sobre el país, afirmó que “el Estado tanto a nivel federal como provincial, ha dado pasos importantes para reconocer los derechos de las etnias pero le reclamó que adopte políticas públicas claras y que elabore medidas legislativas y administrativas adicionales para su efectivo cumplimiento”.
Un artículo publicado en diario porteño Clarín el funcionario pidió que “cesen las amenazas e intimidaciones a las poblaciones tanto por parte de funcionarios como de particulares y los desalojos ilegales de territorios”.
En tanto, demandó que los plazos de las leyes 26.160 y 26.554, que declaran la emergencia en materia de propiedad de tierras, se extiendan más allá de 2013 y pidió a los gobiernos que redoblen esfuerzos para finalizar esa tarea inconclusa, de la que se deriva la mayoría de los reclamos de las comunidades.
Agregó que es escaso el presupuesto con el que cuenta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, clave en el relevamiento territorial. Según el censo 2010, la población indígena reconocida es de 955.032 personas, un 2,38% del total del país. El 29,5% habita en viviendas deficitarias y tanto el uso de gas a leña como el de agua de cursos naturales superan la media del país.
En la provincia
Según el censo hay 41.304 chaqueños que se reconocieron como indígenas, es decir el 3,9 por ciento de la población, de los cuales 21.231 son varones y 20.073 mujeres. Asimismo, conforman 11.534 hogares, lo que en porcentaje representa que el 3,9 por ciento de los domicilios.
El 84 por ciento de los aborígenes no tiene cobertura social pero el 86 por ciento de la población indígena mayor de 65 años cobra una jubilación o pensión. Por otra parte, el 14 por ciento no sabe leer ni escribir.
Poca seguridad jurídica
“Existe todavía en Argentina una falta de seguridad jurídica respecto de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales tradicionales” advirtió el funcionario.
Resaltó que “pese a la obligatoriedad legal de consulta a las comunidades ante cada avance sobre los territorios reclamados, no son tenidas en cuenta. El texto reclama además la actualización de los códigos Civil, Penal y Minero y aunque no incluye conclusiones sobre la reforma al primero de ellos que debate el Congreso”.
En el Chaco fueron varios los fallos contarios a las comunidades, incluso hubo denuncias ante el Consejo de la Magistratura por algunas de estas resoluciones que desataron importantes polémicas.
Explotando el turismo
A su vez reclamó una revisión de la política oficial sobre el establecimiento de parques nacionales y áreas protegidas, que permita a las comunidades el aprovechamiento de los beneficios turísticos.
En el caso de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad, le pidió tanto al gobierno nacional, como al de Jujuy y a Unesco que fortalezcan la participación de los pueblos indígenas aledaños en el manejo de la zona y aseguren el mantenimiento de sus actividades tradicionales y de subsistencia.
Fuente: D. Norte
El relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya, encargado de redactar el informe sobre el país, afirmó que “el Estado tanto a nivel federal como provincial, ha dado pasos importantes para reconocer los derechos de las etnias pero le reclamó que adopte políticas públicas claras y que elabore medidas legislativas y administrativas adicionales para su efectivo cumplimiento”.
Un artículo publicado en diario porteño Clarín el funcionario pidió que “cesen las amenazas e intimidaciones a las poblaciones tanto por parte de funcionarios como de particulares y los desalojos ilegales de territorios”.
En tanto, demandó que los plazos de las leyes 26.160 y 26.554, que declaran la emergencia en materia de propiedad de tierras, se extiendan más allá de 2013 y pidió a los gobiernos que redoblen esfuerzos para finalizar esa tarea inconclusa, de la que se deriva la mayoría de los reclamos de las comunidades.
Agregó que es escaso el presupuesto con el que cuenta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, clave en el relevamiento territorial. Según el censo 2010, la población indígena reconocida es de 955.032 personas, un 2,38% del total del país. El 29,5% habita en viviendas deficitarias y tanto el uso de gas a leña como el de agua de cursos naturales superan la media del país.
En la provincia
Según el censo hay 41.304 chaqueños que se reconocieron como indígenas, es decir el 3,9 por ciento de la población, de los cuales 21.231 son varones y 20.073 mujeres. Asimismo, conforman 11.534 hogares, lo que en porcentaje representa que el 3,9 por ciento de los domicilios.
El 84 por ciento de los aborígenes no tiene cobertura social pero el 86 por ciento de la población indígena mayor de 65 años cobra una jubilación o pensión. Por otra parte, el 14 por ciento no sabe leer ni escribir.
Poca seguridad jurídica
“Existe todavía en Argentina una falta de seguridad jurídica respecto de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales tradicionales” advirtió el funcionario.
Resaltó que “pese a la obligatoriedad legal de consulta a las comunidades ante cada avance sobre los territorios reclamados, no son tenidas en cuenta. El texto reclama además la actualización de los códigos Civil, Penal y Minero y aunque no incluye conclusiones sobre la reforma al primero de ellos que debate el Congreso”.
En el Chaco fueron varios los fallos contarios a las comunidades, incluso hubo denuncias ante el Consejo de la Magistratura por algunas de estas resoluciones que desataron importantes polémicas.
Explotando el turismo
A su vez reclamó una revisión de la política oficial sobre el establecimiento de parques nacionales y áreas protegidas, que permita a las comunidades el aprovechamiento de los beneficios turísticos.
En el caso de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad, le pidió tanto al gobierno nacional, como al de Jujuy y a Unesco que fortalezcan la participación de los pueblos indígenas aledaños en el manejo de la zona y aseguren el mantenimiento de sus actividades tradicionales y de subsistencia.
Fuente: D. Norte
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