SALTA
La senadora Sonia Escudero explicó que permitirá reducir las penas, hasta un máximo de 20 meses, a aquellos internos que cursen estudios de todos los niveles
la última sesión el Senado Nacional convirtió en ley un proyecto que reconoce el derecho de las personas privadas de su libertad a la educación pública, así como la instauración de la escolaridad obligatoria para los internos que no hayan cumplido el mínimo establecido por la ley y que crea un régimen de estímulo para los internos.
La iniciativa “permite reducir, hasta un máximo acumulado de 20 meses, la permanencia en las instituciones carcelarias aquellos internos que “completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios o superiores”, explicó la presidenta de la comisión de Justicia y Asuntos penales, la salteña Sonia Escudero.
La escala prevista es la siguiente: un mes por ciclo lectivo anual; dos meses por curso de formación profesional o equivalente; dos meses por estudios primarios; tres meses por estudios secundarios; tres meses por estudios de nivel terciario; cuatro meses por estudios de nivel universitario; dos meses por cursos de posgrado.
Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de 20 meses y será aplicable también a toda persona privada de su libertad, que haya logrado las metas previstas con anterioridad a la sanción de esta ley. Lo que pretende esta reforma (modifica la ley 24.660 –de ejecución de la pena privativa de la libertad-), es generar una transformación significativa de la coyuntura actual donde la gran mayoría de las personas que conforman nuestra población carcelaria tienen niveles de instrucción muy bajos, no tienen oficio ni profesión y no participan de programas educativos, ni de capacitación laboral o formación profesional.
El experto en cuestiones carcelarias, Leonardo Filippini, sostiene que “sobre una población de 60 mil presos en el sistema penitenciario federal, sólo el 0,5% tiene completos sus estudios secundarios”.
La nueva ley establece que los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades. En ese sentido, obliga al Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a proveer una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad, de manera igualitaria y gratuita.
Asimismo, la norma dispone que todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria. El acceso a la educación en todos sus niveles y modalidades no admitirá limitación alguna fundada en la situación procesal de los internos, el nivel de seguridad, las calificaciones de conducta o concepto, ni en ninguna otra circunstancia que implique una restricción injustificada del derecho a la educación.
Por otra parte, la iniciativa contiene un artículo para atender la situación de las mujeres privadas de su libertad quienes deberán ser especialmente asistidas durante el embarazo y el parto, facilitándoles la continuidad y la finalización de los estudios.
“El Poder Ejecutivo nacional deberá garantizar la creación de espacios y programas de estudio para todos los establecimientos donde aún no existiesen, en el plazo máximo de dos años”, señala la norma.
La senadora Sonia Escudero explicó que permitirá reducir las penas, hasta un máximo de 20 meses, a aquellos internos que cursen estudios de todos los niveles
la última sesión el Senado Nacional convirtió en ley un proyecto que reconoce el derecho de las personas privadas de su libertad a la educación pública, así como la instauración de la escolaridad obligatoria para los internos que no hayan cumplido el mínimo establecido por la ley y que crea un régimen de estímulo para los internos.
La iniciativa “permite reducir, hasta un máximo acumulado de 20 meses, la permanencia en las instituciones carcelarias aquellos internos que “completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios o superiores”, explicó la presidenta de la comisión de Justicia y Asuntos penales, la salteña Sonia Escudero.
La escala prevista es la siguiente: un mes por ciclo lectivo anual; dos meses por curso de formación profesional o equivalente; dos meses por estudios primarios; tres meses por estudios secundarios; tres meses por estudios de nivel terciario; cuatro meses por estudios de nivel universitario; dos meses por cursos de posgrado.
Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de 20 meses y será aplicable también a toda persona privada de su libertad, que haya logrado las metas previstas con anterioridad a la sanción de esta ley. Lo que pretende esta reforma (modifica la ley 24.660 –de ejecución de la pena privativa de la libertad-), es generar una transformación significativa de la coyuntura actual donde la gran mayoría de las personas que conforman nuestra población carcelaria tienen niveles de instrucción muy bajos, no tienen oficio ni profesión y no participan de programas educativos, ni de capacitación laboral o formación profesional.
El experto en cuestiones carcelarias, Leonardo Filippini, sostiene que “sobre una población de 60 mil presos en el sistema penitenciario federal, sólo el 0,5% tiene completos sus estudios secundarios”.
La nueva ley establece que los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades. En ese sentido, obliga al Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a proveer una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad, de manera igualitaria y gratuita.
Asimismo, la norma dispone que todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria. El acceso a la educación en todos sus niveles y modalidades no admitirá limitación alguna fundada en la situación procesal de los internos, el nivel de seguridad, las calificaciones de conducta o concepto, ni en ninguna otra circunstancia que implique una restricción injustificada del derecho a la educación.
Por otra parte, la iniciativa contiene un artículo para atender la situación de las mujeres privadas de su libertad quienes deberán ser especialmente asistidas durante el embarazo y el parto, facilitándoles la continuidad y la finalización de los estudios.
“El Poder Ejecutivo nacional deberá garantizar la creación de espacios y programas de estudio para todos los establecimientos donde aún no existiesen, en el plazo máximo de dos años”, señala la norma.
Fuente: El Intransigente.com
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