Salarios con porcentajes engañosos

Al margen de la semana

Néstor O. Scibona

El economista Ernesto Kritz, director de SEL Consultores, acaba de echar por tierra aquella mítica frase del general Juan Domingo Perón, según la cual los salarios subían por la escalera y los precios, por el ascensor. Créase o no, al menos en el período 2007/2010 esas dos variables compartieron el mismo elevador y los sueldos hasta se adelantaron un poco. Según sus cálculos, el índice de precios minoristas acumuló un alza de 2,2 veces (a una tasa promedio de 20,9% anual), mientras que el del salario obrero industrial por hora lo hizo 2,3 veces (equivalente a 23,1% anual). En consecuencia, esos salarios le ganaron la carrera a la inflación por poco más de 7% en términos reales.

Aquí conviene incorporar algunas aclaraciones necesarias. Una, que esta variable salarial es un promedio y que la mayor parte de su recuperación se produjo en 2010, ya que anteriormente registró pérdidas en 10 de los 16 trimestres abarcados por el estudio. Otra, que se refiere al ingreso de trabajadores en blanco de actividades altamente sindicalizadas. El propio Kritz concluye que estas cifras revelan la dificultad de afrontar una inflación de dos dígitos aun con un poder de negociación sindical fuerte. Con respecto a los precios, la comparación no es con el inverosímil IPC del Indec, sino con el más realista que elabora Buenos Aires City. Se trata del centro que en la UBA fundó Graciela Bevacqua, una de las primeras especialistas desplazadas del Indec por Guillermo Moreno y que ahora acaba de ser multada por el mismo funcionario, además de haber sido privada de utilizar las instalaciones universitarias. Aun así, Bevacqua tuvo su paradójica reparación moral: hace un par de meses, el ministro Tomada homologó el convenio colectivo entre la terminal Honda (que se apresta a iniciar su producción de autos en la Argentina) y el sindicato de mecánicos (Smata), que prevé la actualización periódica de salarios según el índice de precios de BACity.

Difícilmente estas cuestiones hayan sido tenidas en cuenta por Hugo Moyano cuando sorprendió a propios y extraños al cerrar el acuerdo para el gremio de camioneros con 24% de ajuste salarial, dividido en tres tramos (de los cuales 18% corresponde a 2011 y el 6% restante a partir de marzo de 2012), que fue bendecido inmediatamente por la presidenta Cristina Kirchner. Hasta los empresarios más refractarios al polémico titular de la CGT alistarían sus lapiceras para firmar un convenio similar con sus gremios, donde los reclamos salariales se ubican en una franja de 30 a 40% para este año electoral. Así, Moyano acepta un aumento incluso inferior al que pactó en 2010 (25%) y le permite al gobierno de CFK exhibir una pauta salarial relativamente moderada, que no pudo lograr con el frustrado pacto social. La incógnita es a qué costo el líder camionero hizo sus deberes: aunque renovó públicamente su sociedad con el kirchnerismo, prometió una movilización multitudinaria para el 29 de abril, apoyó la candidatura comunal de Boudou y volvió a arremeter -por ahora verbalmente- contra Clarín, convendría buscar pistas debajo de la mesa. Los analistas políticos recomiendan reparar en las futuras listas de candidatos oficialistas, las causas judiciales pendientes y la deuda que la CGT le reclama al Gobierno para las obras sociales sindicales, cuyo monto (9000 millones de pesos) equivale hoy, por ejemplo, a 13 años del presupuesto de Fútbol para Todos.

Sin embargo, también debe agregarse otra razón sectorial que explica el segundo acto del acuerdo CFK-CGT con la anunciada suba de 20% en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Los choferes de camiones se encuentran entre los asalariados mejor pagos (alrededor de 8000 pesos mensuales promedio, antes del aumento) y esto los colocaba como contribuyentes directos del gravamen, debido a la desactualización de este piso y sus escalas, carcomidas por la inflación y la virtual indexación -con rezago- de los salarios en blanco. O sea que a mayor incremento, más dinero iba a ir a la AFIP que a sus bolsillos, como ocurre con otros sectores de ingresos medios y altos.

Hasta el anuncio presidencial del viernes, el ajuste del mínimo no imponible era una decisión política descontada, aun para un gobierno que siempre se caracterizó por subir la presión tributaria y nunca por bajar impuestos. La única duda era cuándo iba a aplicarse, ya que CFK guardaba esta carta para una fecha posterior al cierre de las principales paritarias y más cercana a las elecciones, como una manera de elevar el salario de bolsillo sin presionar aún más sobre los costos empresarios. La medida debió precipitarse ahora por el acuerdo con la CGT moyanista y también porque la oposición intentaba ganarle de mano al oficialismo con un proyecto con mayor sacrificio fiscal y que se frustró por falta de quórum. Aun así, el nuevo mínimo se mantiene por debajo de la inflación real acumulada contra cualquier período de los últimos 10 años.

Paritarias complicadas

Por ahora nadie cree que estos cambios vayan a alterar demasiado el curso de las paritarias en marcha, donde se advierten dos tendencias. Los sindicatos con salarios más altos -como camioneros- prefieren hablar sólo de porcentajes, porque un ajuste de 24% sobre un sueldo de 8000 pesos supone una mejora final de casi 2000 pesos, cifra que en otras actividades equivale al salario inicial. Es el caso, por ejemplo, del gremio docente, donde el aumento logrado (27% promedio) eleva el sueldo básico apenas por encima de la verdadera línea de pobreza (2200 pesos mensuales para una familia tipo). En cambio, no pocos sindicatos han optado por reclamar incrementos de suma fija para los mínimos de convenio (3500 pesos mensuales en el caso de los metalúrgicos o de 4000 en la alimentación) para disimular que, en la práctica, significan subas del orden de 40% que podrían empujar al resto de las escalas.

Esta perspectiva desvela principalmente a las empresas que exportan, ya que reduce su competitividad al elevar los costos laborales en dólares a niveles similares -o aún superiores- a los de 2001, cuando explotó la convertibilidad. Aquí no sólo tiene que ver la indexación salarial a una inflación cada vez más alta, sino el hecho de que el tipo de cambio peso-dólar (sin incluir retenciones) subió apenas 5,7% en los últimos 18 meses. Unicamente quienes exportan a Brasil tienen más margen, debido a la fuerte apreciación del real frente a la moneda estadounidense, así como los sectores que tienen sus mercados protegidos frente a la importación.

Sin embargo, la mayor desprotección ante la inflación recae sobre los trabajadores en negro y subempleados, cuyos ingresos equivalen a niveles de subsistencia. Incluso la última medición del Indec (Encuesta Permanente de Hogares) revela que nada menos que 40% de la fuerza laboral percibe sueldos inferiores al salario mínimo vital, actualmente de 1840 pesos mensuales (18% por debajo de la línea de pobreza que mide FIEL). Esta proporción revela que los trabajadores en negro constituyen en la Argentina, junto con los desocupados y buena parte de los jubilados, las principales víctimas de una inflación que el Gobierno se empeña en desconocer, mientras Boudou recibe piropos de Moyano.

nscibona@speedy.com.ar

Fuente: La Nación

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