INQUIETUD EN LA IGLESIA
El gobierno nacional retomó las presiones sobre las provincias para que recorten las contribuciones a las escuelas confesionales.
El gobierno nacional vuelve a presionar para que las provincias recorten los aportes a la enseñanza de gestión privada, pese a que la medida es rechazada por las iglesias Católica y Evangélica al entender que implicará equiparar hacia abajo y derivará en una merma de la calidad educativa.
De concretarse, la nueva operatoria dañará el sostenimiento de los establecimientos que, principalmente, cobran una cuota mínima --aun inferior al monto pagado en las cooperadoras de colegios públicos-- y se instalan en sectores marginales, donde el Estado no siempre llega.
Un ejemplo es la primera escuela secundaria de gestión social que funciona en la parroquia de la Villa 21-24, del barrio porteño de Barracas, que, hasta el miércoles pasado, tuvo al sacerdote José María "Pepe" di Paola como párroco.
El reclamo católico-evangélico se fundamenta en el principio de subsidiariedad y de justicia distributiva: corresponde al Estado, según ese precepto, financiar tanto la enseñanza de gestión estatal como la de gestión privada.
"El objetivo es revisar los subsidios de cada escuela y redistribuirlos en base a criterios de igualdad", argumentó el director de Educación bonaerense, Mario Oporto.
Representantes legales de colegios religiosos aseguraron, sin embargo, que el proyecto no contribuye a la inclusión y equipara hacia abajo, al obligar a no dictar materias extraprogramáticas, por las cuales cobran un arancel extra, bajo la presión de perder los subsidios si lo hacen.
"En principio, conservarán el aporte aquellos establecimientos que hoy brindan la misma oferta que la escuela estatal", remarcó Oporto.
"Es injusto que el Estado invierta en el ámbito no estatal para que después ese ámbito pueda --agregó--, con esa ayuda, dar una mejor oferta que la que el Estado da".
El proyecto oficial bonaerense reduce los desembolsos del Estado en 50%, 80% y 100%, fija requisitos para la apertura de nuevos establecimientos privados y hasta un régimen de arancelamiento propio para más de seis mil escuelas privadas --muchas religiosas-- que atienden a casi 900.000 alumnos de todos los niveles.
Tampoco deben obviarse las denuncias por "inspecciones" de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a los colegios privados a fin de constatar nóminas y entrelazar información para saber cuántos alumnos cobran la Asignación Universal por Hijo.
La administración kirchnerista insiste en excluir del pago a unos 280.000 niños pobres que concurren a establecimientos privados --parroquiales, en su mayoría--, aunque sean gratuitos o cobren un bajo arancel.
¿El motivo? Para pagar el subsidio, la Anses sólo reconocerá el certificado de escolaridad emitido por escuelas públicas y rechazará el documento de aquellas privadas que tienen cuota o cobran un monto simbólico.
En septiembre, la presión episcopal --sumada a la protesta de gobernantes y las manifestaciones callejeras de familias afectadas por el recorte en este beneficio social--, llegó hasta la Casa Rosada. Como consecuencia, Cristina Fernández ordenó revertir la decisión del organismo que conduce Diego Bossio.
El gobierno nacional retomó las presiones sobre las provincias para que recorten las contribuciones a las escuelas confesionales.
El gobierno nacional vuelve a presionar para que las provincias recorten los aportes a la enseñanza de gestión privada, pese a que la medida es rechazada por las iglesias Católica y Evangélica al entender que implicará equiparar hacia abajo y derivará en una merma de la calidad educativa.
De concretarse, la nueva operatoria dañará el sostenimiento de los establecimientos que, principalmente, cobran una cuota mínima --aun inferior al monto pagado en las cooperadoras de colegios públicos-- y se instalan en sectores marginales, donde el Estado no siempre llega.
Un ejemplo es la primera escuela secundaria de gestión social que funciona en la parroquia de la Villa 21-24, del barrio porteño de Barracas, que, hasta el miércoles pasado, tuvo al sacerdote José María "Pepe" di Paola como párroco.
El reclamo católico-evangélico se fundamenta en el principio de subsidiariedad y de justicia distributiva: corresponde al Estado, según ese precepto, financiar tanto la enseñanza de gestión estatal como la de gestión privada.
"El objetivo es revisar los subsidios de cada escuela y redistribuirlos en base a criterios de igualdad", argumentó el director de Educación bonaerense, Mario Oporto.
Representantes legales de colegios religiosos aseguraron, sin embargo, que el proyecto no contribuye a la inclusión y equipara hacia abajo, al obligar a no dictar materias extraprogramáticas, por las cuales cobran un arancel extra, bajo la presión de perder los subsidios si lo hacen.
"En principio, conservarán el aporte aquellos establecimientos que hoy brindan la misma oferta que la escuela estatal", remarcó Oporto.
"Es injusto que el Estado invierta en el ámbito no estatal para que después ese ámbito pueda --agregó--, con esa ayuda, dar una mejor oferta que la que el Estado da".
El proyecto oficial bonaerense reduce los desembolsos del Estado en 50%, 80% y 100%, fija requisitos para la apertura de nuevos establecimientos privados y hasta un régimen de arancelamiento propio para más de seis mil escuelas privadas --muchas religiosas-- que atienden a casi 900.000 alumnos de todos los niveles.
Tampoco deben obviarse las denuncias por "inspecciones" de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a los colegios privados a fin de constatar nóminas y entrelazar información para saber cuántos alumnos cobran la Asignación Universal por Hijo.
La administración kirchnerista insiste en excluir del pago a unos 280.000 niños pobres que concurren a establecimientos privados --parroquiales, en su mayoría--, aunque sean gratuitos o cobren un bajo arancel.
¿El motivo? Para pagar el subsidio, la Anses sólo reconocerá el certificado de escolaridad emitido por escuelas públicas y rechazará el documento de aquellas privadas que tienen cuota o cobran un monto simbólico.
En septiembre, la presión episcopal --sumada a la protesta de gobernantes y las manifestaciones callejeras de familias afectadas por el recorte en este beneficio social--, llegó hasta la Casa Rosada. Como consecuencia, Cristina Fernández ordenó revertir la decisión del organismo que conduce Diego Bossio.
Fuente: La Nueva Provincia
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