Actualmente se realizan intimaciones al Poder Ejecutivo para que informe sobre los trámites realizados para cumplir con la decisión del Superior Tribunal, que lo obliga a implementar medidas normativas y presupuestarias tendientes a que legislativamente se recomponga el salario docente, en forma urgente y de manera suficiente, respetando la intangibilidad de las remuneraciones.
Recordemos que el Superior Tribunal entendió que la decisión de dejar de abonar la cláusula gatillo es una medida ilegal y contraria a los derechos humanos, con sustento en normativa nacional e internacional, calificando a la medida como regresiva de derechos sociales, con cita de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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