En defensa de los derechos de los trabajadores del Chaco
Las organizaciones gremiales que representan a los distintos sectores de trabajadores de la Provincia del Chaco —en el marco de los derechos constitucionales que les asisten y en resguardo de las conquistas alcanzadas por los trabajadores a lo largo de décadas— expresamos nuestro rechazo al Proyecto de Ley N° 303/2026 presentado por el Poder Ejecutivo provincial, que propone eliminar las licencias gremiales con goce de haberes.
Detrás de cada representante sindical
no hay un privilegio individual. Existe la representación de miles de
trabajadores que, a través de sus organizaciones, defienden sus derechos,
condiciones laborales y salariales. Cuando se intenta debilitar esa representación,
en realidad se debilita la voz de los trabajadores de cada sector.
El discurso del Gobernador en la
apertura de sesiones legislativas del pasado 1° de marzo dejó en evidencia esta
orientación. Particularmente en lo referido al sector docente, al mencionar
supuestos abusos en el uso de licencias y señalar que de cada cien docentes
treinta y tres se encontrarían de licencia. Esa afirmación desconoce la
realidad del sistema educativo, donde la gran mayoría de las licencias
corresponden a situaciones de enfermedad, muchas de ellas graves.
Estas declaraciones generan una fuerte
preocupación en la docencia chaqueña, ya que parecen preparar el terreno para
avanzar sobre derechos laborales históricos, entre ellos el régimen de
licencias y otras garantías conquistadas a lo largo de años de lucha.
Al mismo tiempo, en dicho discurso no
se mencionó una sola palabra respecto del incumplimiento del pago de la
cláusula gatillo correspondiente desde el segundo trimestre de 2025, ni se
dieron respuestas al reclamo por la apertura de paritarias en los distintos
sectores de la administración pública.
Todo esto ocurre en un contexto de
fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores chaqueños. Hoy los
salarios de trabajadores activos y jubilados se encuentran aproximadamente un
30 % por debajo de la inflación, mientras que el Poder Ejecutivo dispuso un
incremento salarial de apenas un 5 %, en dos cuotas y por decreto, sin
instancia de negociación paritaria.
A ello se suman incrementos
significativos en las tarifas de servicios esenciales como la energía eléctrica
y, próximamente, el agua; el aumento de aportes que impactan en el salario de
los trabajadores y el deterioro creciente de prestaciones en la obra social
provincial.
No es casual que esta iniciativa
aparezca justamente en un momento en el que miles de trabajadores, junto a sus
organizaciones sindicales, se están movilizando en rutas, plazas y espacios
públicos de toda la provincia para reclamar el cumplimiento de la cláusula
gatillo y la recuperación del salario perdido frente a la inflación.
Cuando los trabajadores se organizan
para defender sus derechos, debilitar su representación no parece ser una
respuesta orientada a resolver los problemas, sino a intentar silenciar esos
reclamos.
Los derechos laborales, sociales y
previsionales que hoy existen no surgieron por decisión de los gobiernos de
turno. Son el resultado de las luchas colectivas de los trabajadores
organizados a lo largo de la historia.
A quién puede dejar de llamar la
atención el contexto en el que se plantea este proyecto por parte del Ejecutivo
provincial, con una “reforma laboral” totalmente regresiva -violatoria de todos
los derechos constitucionales del pueblo trabajador- aprobada recientemente en
el Congreso Nacional, a poco de cumplirse 50 años del golpe militar último en
nuestro País; y como si poco fuera todo ello, en vísperas del 8 de marzo -en el
que se conmemora el día internacional de la mujer- rememorando aquella lucha
histórica de las mujeres por sus derechos.
Asimismo, resulta contradictorio que
mientras se invoca la necesidad de ahorro y austeridad afectando derechos del
conjunto de los trabajadores, continúen existiendo innumerables y diversas
afectaciones políticas, comisiones de servicio; adscripciones, dentro de
distintos estamentos del Estado provincial que también se sostienen con
recursos públicos. Renglón aparte merece la millonaria pauta publicitaria
pagada a medios periodísticos afectos al poder de turno.
Por todo lo expuesto, las
organizaciones gremiales de la Provincia del Chaco rechazamos
categóricamente el Proyecto de Ley N° 303/2026 y advertimos al conjunto de
los trabajadores y a la sociedad en general, que esta iniciativa no apunta
únicamente a debilitar a las organizaciones sindicales, sino que puede abrir el
camino a la pérdida de derechos conquistados por todos los sectores.
Porque cuando se intenta debilitar a
quienes representan a los trabajadores, en realidad se intenta debilitar la
defensa de los derechos de miles de chaqueños.
En defensa de esos derechos,
reafirmamos la necesidad de mantener la unidad y el compromiso colectivo para
evitar el avance de políticas que afecten las condiciones laborales y la
calidad de vida de miles de familias de nuestra provincia; haciendo un llamado expreso a los treinta y dos diputados para que no
aprueben el proyecto aquí rechazado.
ARCO GREMIAL DOCENTE: ATECH- UTRE
CTERA- SADOP- FEDERACION SITECH- AMET- ACHABI- SECH- FIUD- SITECH SUDESTE-
FESIDOCH-UDA- ADOCH-
UPCP- SEJCH – CTA -ATE- SENODEP-
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