CARTA DE LECTORES: "EL SALARIO DOCENTE Y SU RECOMPOSICION"

"La pérdida salarial docente en los últimos años (2016 -2020) ha sido estrepitosa alcanzando el 50 % en los años 2017 y 2018, y el 28 % en 2020, mientras que en los restantes años, 2016 y 2019 se ha nivelado con la inflación, con recuperación de parte de lo pulverizado, a través de la implementación de la bonificación por título para todos los docentes –a propuesta de ATECH-, y en 2019, con el incremento en puntos de la bonificación estado docente –a propuesta de ATECH y de manera conjunta con las demás entidades del Frente Gremial, que ha permitido no solo no perder frente a la inflación, sino ganarle en algunos puntos inclusive. En el presente año, se reconocieron 800 puntos, más el 2 % del primer trimestre, resultando insuficiente por supuesto, por lo cual, más allá del cumplimiento de la irrenunciable e innegociable herramienta de la cláusula gatillo, es de estricta justicia ejecutar una política de incremento salarial orientada al recupero del poder adquisitivo de un sector fundamental para el desarrollo sostenido de la Provincia. El empobrecimiento generalizado lo demuestra el endeudamiento de los empleados provinciales que el Nuevo Banco del Chaco estimaba en $ 3.800.000.000 a septiembre de 2020, ofreciendo su refinanciación –sin quita ni liberación- como se efectúa con otros sectores-, amén de ratificar ATECH lo expuesto por la Entidad en el marco de la negociación salarial de principios de año, el Estado debe garantizar sueldos dignos y que el trabajador no tenga la necesidad de endeudarse para sobrevivir. Tal situación es necesaria exponerla con claridad ante la información distorsiva que observamos no solo para el sector docente, sino para todos los trabajadores del Estado Provincial.

En el diario Norte, página 15 del 30/05/21 se menciona que fuentes oficiales calculan en $ 60.000 (pesos sesenta mil) el salario de bolsillo de los empleados provinciales resultando esta cifra una broma de mal gusto para los docentes, en un 90 % ubicados bajo la línea de pobreza, pero que demuestra que la desigualdad en los ingresos de los trabajadores del Estado se ha agudizado acrecentándose en consecuencia, la brecha entre los de menores y mayores salarios.

Además, en diario Norte, pág. 2, locales, del 14/03/21, se afirma que en los años 2016-2019 el poder adquisitivo de los salarios docentes se retrajo en un 19,1 %, lo cual resulta irrisorio frente al 50 % real, el índice oficial resulta un cálculo de escritorio, evidentemente solo para morigerar la responsabilidad de un gobierno del mismo signo político. Para la recomposición salarial del sector docente es necesario que para la política de distribución de los recursos provinciales se apliquen entre otras medidas, la desactivación del creciente endeudamiento (de corto y largo plazo), y los servicios consiguientes; y el cese de los mayores beneficios que se otorga a una elite de activos y pasivos en cargos políticos y jerarquizados de los tres poderes del Estado provincial (ver la ley 7820/16 que eliminó el tope previsional, manteniéndose hasta el presente el pago de jubilaciones cercanas al medio millón de pesos –amén de la restitución que se hizo de dicho tope, pero para el futuro desde su vigencia-); y el Decreto 2983/18 (de la anterior administración) que acrecentó los haberes de funcionarios incorporando sin sonrojos de por medio, una nueva bonificación, por su responsabilidad funcional. ¿Es necesario un “incentivo” para su responsabilidad?

En el orden financiero es de mencionar las obligaciones contraídas por medio de las Letras de Tesorería (deuda de corto plazo) que en el mes de Mayo/21 alcanzaba la cifra de $ 4.182.115.412 de capital (vencimientos 5/21; 6/21 y 7/21, por un monto de $ 2.376.630.686; $ 295.484.726 y $ 1.510.000.000 respectivamente), e intereses por cantidad estimada de $ 150.000.000 y que se disimula mes a mes con las licitaciones de dichas Letras de Tesorería.

En tanto que en el largo plazo es de público conocimiento el préstamo en dólares por $ 250.000.000, hoy en default y que se destinó para saldar obligaciones salariales con mil trescientos agentes del área judicial, en un juicio generado por ese mismo Poder del Estado y deudas de municipalidades con deficiente administración; cuyas consecuencias son destructivas y hasta impredecibles para una provincia con una población con un alto porcentaje en extrema pobreza, mientras que su pago recae entre otros, sobre la carga impositiva de más de un millón de chaqueños, incluidos los indigentes, a través del IVA."

Rosa Myriam Petrovich

Secretaria General –A.T.E.CH.-