ATECH: " EL GOBIERNO PROVINCIAL HA POSTERGADO A LA EDUCACION"

“La única verdad es la realidad”




Luego de los innumerables anuncios políticos del Gobierno Provincial de brindar prioridad de atención a la Educación y a la calidad educativa, los resultados son exactamente lo contrario y la pandemia no es la causante, sino la decisión política adoptada.

No existirá calidad educativa sin previamente establecer la calidad salarial, situación verdaderamente alarmante, dada por la pérdida extraordinaria del poder adquisitivo del salario docente, que en los últimos años alcanzó un 70 % su reducción, sumiendo al sector bajo el nivel de pobreza en un 90%. En el presente año los ingresos del Estado provincial por transferencias automáticas, ingresos propios y transferencias no automáticas se ha incrementado en promedio en un 35 % entre enero y octubre del año en curso, con respecto a los ingresos del año 2019 en el mismo período, superando el índice de inflación del año 2020, del 26,9 %, mientras que el “aumento” salarial a los docentes no ha superado el paupérrimo y vergonzoso 7,8 % durante todo lo que va del año –a pesar de los aplausos oficiales a la existencia de la “cláusula gatillo” comprometida e incumplida a la fecha. Esta situación se prolongaría en el año 2021 de acuerdo con el “Proyecto de Presupuesto” remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados –hoy convertido en ley-, constituyendo en letra muerta el Fondo Educativo consagrado en la Constitución Provincial. El “desarrollo económico” previsto en la Ley de Presupuesto, lamentablemente se sustenta en la postergación de los trabajadores como ha ocurrido en oportunidades anteriores en una indigna política propia de un capitalismo antisocial que basa el “progreso y desarrollo material” sobre la base de la “plusvalía”, o sea, no retribuyendo como corresponde a los trabajadores y apoderándose de lo sustraído.

Los docentes chaqueños –activos y jubilados- reclamamos el pago inmediato de la cláusula gatillo con el cumplimiento del compromiso y la palabra del Gobierno provincial, como la rectificación a la brevedad de la política definida en materia educativa direccionada a reducir toda la estructura del sistema educativo en la Provincia, con la consecuente desestabilización laboral de miles de docentes y la falta de garantización del derecho social mismo a la educación, a pesar de los discursos oficiales.



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