Atento a lo resuelto por Asamblea de fecha 29 de marzo y la convocatoria realizada por una de las entidades hermanas, la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco adhiere con un PARO general de actividades, sin asistencia a los lugares de trabajo, por 48 horas, para los días 4 y 5 de abril.
Se llega a estas medidas de fuerza garantizadas por nuestra Constitución Nacional y la Provincial, ante el avasallamiento hacia los derechos humanos de los trabajadores judiciales en cuanto a salario justo y equitativo, igualdad, trato digno, por parte del Poder Ejecutivo que impone micro-recomposiciones salariales por debajo del aumento general de precios, ignorando acuerdos y pactos firmados con el S.T.J. y el Ministro de Justicia de la Nación, de recomponer sueldos con porcentajes iguales a los que se otorga a la Corte Suprema y de cuidar el poder adquisitivo del salario de los judiciales.
Con la política salarial del Ejecutivo de los últimos años más de la mitad de los trabajadores judiciales está sumido en la pobreza con respecto a los últimos índices nacionales (más de $27.000 de ingresos mensuales para no ser considerado pobre) y aun así este año se pretende disminuirlo 20%, sin haber convocado a paritarias, con una imposición anual de 23%, la que fue aceptada por el Sejch y declarada insuficiente por los otros dos Gremios, Asociaciones de Jueces y por el Superior Tribunal de Justicia y rechazada de plano por la Unión Judicial, imposición que fue firmada por el gobierno antes de que el Superior Tribunal de Justicia convoque a la Mesa Salarial y a pesar de ésta convocatoria y de la reunión realizada con autoridades de Administración, la realidad del salario judicial chaqueño es la pobreza.
Se llega a estas medidas de fuerza garantizadas por nuestra Constitución Nacional y la Provincial, ante el avasallamiento hacia los derechos humanos de los trabajadores judiciales en cuanto a salario justo y equitativo, igualdad, trato digno, por parte del Poder Ejecutivo que impone micro-recomposiciones salariales por debajo del aumento general de precios, ignorando acuerdos y pactos firmados con el S.T.J. y el Ministro de Justicia de la Nación, de recomponer sueldos con porcentajes iguales a los que se otorga a la Corte Suprema y de cuidar el poder adquisitivo del salario de los judiciales.
Con la política salarial del Ejecutivo de los últimos años más de la mitad de los trabajadores judiciales está sumido en la pobreza con respecto a los últimos índices nacionales (más de $27.000 de ingresos mensuales para no ser considerado pobre) y aun así este año se pretende disminuirlo 20%, sin haber convocado a paritarias, con una imposición anual de 23%, la que fue aceptada por el Sejch y declarada insuficiente por los otros dos Gremios, Asociaciones de Jueces y por el Superior Tribunal de Justicia y rechazada de plano por la Unión Judicial, imposición que fue firmada por el gobierno antes de que el Superior Tribunal de Justicia convoque a la Mesa Salarial y a pesar de ésta convocatoria y de la reunión realizada con autoridades de Administración, la realidad del salario judicial chaqueño es la pobreza.
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