La medida de fuerza será en toda la provincia.
Tanto la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco como el Sindicato de Empleados Judiciales convocan a un paro total de actividades para este viernes 15 de marzo, ante la falta de respuestas al reclamo salarial.
La medida de fuerza, que se llevará a cabo en toda la provincia, sin asistencia a los lugares de trabajo, tendrá lugar al día siguiente de la apertura oficial del año judicial, que se realizará el jueves 14, a las 20, en Villa Ángela.
La UTJ, conducida por Walter Bernard, había anunciado el paro el viernes pasado, tras una asamblea, y este miércoles hizo lo propio el SEJCH.
Bernard señaló que la decisión del paro fue tomada "por el incumplimiento del Poder Ejecutivo a pactos y acuerdos preexistentes suscriptos por la gestión anterior y la actual con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, en los cuales se comprometían a llevar adelante una política salarial de equiparación con respecto a las demás justicias y de mínimamente igualar los aumentos que obtiene la Corte Suprema".
"Sin embargo, en estos últimos años, el gobierno impuso incrementos por debajo de lo pactado y del aumento general de precios de bienes y servicios, llevando a los trabajadores judiciales a la categoría de pobreza y vulnerabilidad según datos estadísticos nacionales", indicó el dirigente gremial.
Fuente: DataChaco
Tanto la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco como el Sindicato de Empleados Judiciales convocan a un paro total de actividades para este viernes 15 de marzo, ante la falta de respuestas al reclamo salarial.
La medida de fuerza, que se llevará a cabo en toda la provincia, sin asistencia a los lugares de trabajo, tendrá lugar al día siguiente de la apertura oficial del año judicial, que se realizará el jueves 14, a las 20, en Villa Ángela.
La UTJ, conducida por Walter Bernard, había anunciado el paro el viernes pasado, tras una asamblea, y este miércoles hizo lo propio el SEJCH.
Bernard señaló que la decisión del paro fue tomada "por el incumplimiento del Poder Ejecutivo a pactos y acuerdos preexistentes suscriptos por la gestión anterior y la actual con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, en los cuales se comprometían a llevar adelante una política salarial de equiparación con respecto a las demás justicias y de mínimamente igualar los aumentos que obtiene la Corte Suprema".
"Sin embargo, en estos últimos años, el gobierno impuso incrementos por debajo de lo pactado y del aumento general de precios de bienes y servicios, llevando a los trabajadores judiciales a la categoría de pobreza y vulnerabilidad según datos estadísticos nacionales", indicó el dirigente gremial.
Fuente: DataChaco
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