Se continuó el viernes por la tarde la Asamblea de la Unión de
Trabajadores Judiciales del Chaco con presencia de afiliados y
representantes de la capital provincial y del interior, desde donde
solicitaron ampliar las medidas de fuerza ante la inexistencia de alguna
propuesta, resolviéndose luego de un largo debate convocar a PARO
general de actividades con retiro y concentración frente al Superior
Tribunal de Justicia y frente a los principales juzgados de cada
circunscripción judicial del interior, a partir de las 10:30 hs. del día
Jueves 13 de Septiembre y PARO general de actividades sin asistencia a
los lugares de trabajo, por 24 hs. para el día Viernes 14 de Septiembre.
Las medidas resueltas están supeditadas al ofrecimiento que pudiera
hacer el presidente del S.T.J., Dr. Rolando Toledo, en la reunión del
día lunes próximo con Comisión Directiva, recordando la Asamblea en este
punto que los reclamos del gremio tienen que ver con la corrección de
los decretos 492 y 556 impuestos por el gobierno, los cuales son
inconstitucionales, injustos y discriminatorios y la incorporación de
aumentos porcentuales que respeten la estructura de cargos y nuestra ley
2895 y no de sumas en negro que achatan la pirámide salarial de la
Justicia.
Se analizó que las dos políticas salariales que impusieron en los
últimos años favorecen solamente a los Jueces, en el caso de la
diferenciación en la bonificación por título y permanencia en el cargo y
a los ordenanzas que se inician en sus tareas, en el caso de las sumas
en negro, perjudicando exclusivamente al gran arco de cargos que van
desde auxiliar administrativo hasta Jefe de departamento, quienes son
los que sostienen el servicio de justicia.
Se espera el compromiso del Superior Tribunal de Justicia para que
efectivamente utilicen las herramientas que posee, haciendo valer su
independencia como poder estatal y reclame la transferencia de fondos
del Ejecutivo, adelantando los pagos impuestos a principio de año y un
nuevo convenio justo y equitativo, para garantizar el cuidado del poder
adquisitivo de los salarios, ante la crudeza de la escalada de precios
en servicios y productos básicos; que el Ejecutivo invierta en salarios
parte del 38 % más de coparticipación que recibe con respecto al período
anterior, tal como los municipios de Resistencia y Barranqueras lo han
hecho con menos recursos, y pese a la quita del fondo sojero otorgan
incrementos superiores al 30% para sus trabajadores; finalmente que el
Poder Legislativo corrija los decretos discriminatorios del Poder
Ejecutivo sancionando incrementos salariales que respeten nuestra Ley
porcentual y las reiteradas sentencias ratificadas por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
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