Nos dirigimos a Ud. a los efectos de solicitar el no tratamiento de los Proyectos de ley 1944/18 y sus agregados, por el cual se establece el Sistema de Retiro Voluntario Móvil, así como también el Proyecto de ley 4955/18 y sus agregados, por el cual se adhiere a la Ley Nacional 27.348, complementaria de la Ley Nacional 24.557 de Riesgo de Trabajo.
Motiva este pedido la necesidad de advertir sobre los peligros que, en materia de derechos laborales, nos vemos expuestos los trabajadores, cuando en tiempos de políticas neoliberales, se intenta “reformar” legislaciones que afectan a la estabilidad y la seguridad laboral sin la previa participación de los protagonistas sobre los que pesaran tales reformas. Entendemos que Proyectos como los mencionados, responden a compromisos suscriptos a través de pactos fiscales, que muy alejados de la búsqueda del bien común y la garantía de derechos sociales, comulgan con las políticas emanadas desde el Gobierno Nacional cuyos antecedentes demostrados en estos últimos años de gestión, solo han empobrecidos salarios, destruido el mercado y consumo interno, endeudado por generaciones el patrimonio nacional, transferido millonarias sumas a los sectores financieros y del capital concentrado, en detrimento de la posibilidad de ampliar derechos, generar inclusión y movilidad social.
El Proyecto de Ley de Retiro Voluntario, particularmente, implica, entre otros aspectos:
Profundizar el proceso de ajuste y reducción del Estado a una mínima expresión.
Desfinanciar el Instituto de Previsión Social Seguro y Préstamo (INSSSEP), ya que bajo este régimen quienes se retiran del Estado son trabajadores con estabilidad y antigüedad, que aportan hasta ahora a la seguridad social, lo que implicaría menos trabajadores aportantes activos y por lo tanto menos fondos para sostener las jubilaciones.
Un Estado más precarizado. Se retiran trabajadores con derechos garantizados y no se arbitran desde el ejecutivo, respuestas a las constantes demandas de los trabajadores en condiciones de precariedad laboral, por ende, el ejercicio pleno al trabajo digno garantizado constitucionalmente.
El proyecto de ley establece, en su artículo 11, que los cargos serán “automáticamente eliminados” lo cual deja entrever la finalidad de reducir aún más el Estado.
Quienes se retiran lo harán con montos muy escasos para afrontar la alta inflación y que para nada compensan el valor que representa perder la estabilidad en el trabajo para lanzarse al mercado laboral privado en una coyuntura donde existen más de 95.000 trabajadores despedidos, con cierres de empresas y comercios. Todo contextualizado en un proyecto de reforma laboral ya presentado en el Congreso de la Nación que apunta a aumentar la jornada laboral, flexibilizar la modalidad de trabajo, reducir las indemnizaciones por despido, ampliar la tercerización diluyendo la responsabilidad de los empresarios, reducir las contribuciones patronales, contratos flexibles y precarios, etc.
Respecto al tratamiento de Proyecto de ley 4955/18 y sus agregados, insistimos, que el objetivo principal de dicho instrumento es garantizar la rentabilidad, a través de las ART y dejar a los particulares sin la debida protección legal. Es imprescindible recordar que las causales por las cuales los trabajadores reclaman ante la justicia un resarcimiento justo por sus enfermedades laborales o accidentes de trabajo, radica en el altísimo nivel de rechazos con los cuales las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo- ART y las comisiones médicas, responden ante los infortunios producto de la actividad laboral. El incumplimiento de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad Nº 19.587, determina cada vez mayores riesgos para los trabajadores, lo cual, adecuarla al régimen nacional representa un despropósito en términos de mejoras para los que viven de su trabajo.
Por todo lo expuesto, exigimos la urgente convocatoria a los/a trabajadores/as y sus organizaciones en general, como así también apelar a la responsabilidad de legislar en favor de sus representados/as, los trabajadores/as, el bien común y la defensa irrestricta de los derechos conquistados.
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