El
Secretario General José Niz indicó que estando vigente la Ley de
Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral en la Administración
Pública Provincial, “se desarrollan auditorias irregulares, sin ningún
tipo de respaldo legal que afectan de modo directo el Estado de Derecho y
la dignidad de los trabajadores y remarcó que UPCP ha realizado las
presentaciones formales al Gobernador de la Provincia, a efectos de que
cesen las acciones”.
Fuente: D. Chaco
Según el dirigente, “desde la
creación unilateral de la Unidad de Enlace de Control y Relevamiento de
Gestión dependiente del Secretario de Gobierno y Coordinación Horacio
Rey, se desarrollan actos persecutorios hacia los trabajadores al margen
del Decreto 1311/99, sin ningún tipo de garantías legales”.
Niz
señaló que “con la excusa de realizar control y relevamiento de gestión
se acosa y persigue al personal de planta y precarizado de la
Administración Pública Provincial. Usan una metodología fuera de toda
normativa legal a la que denominan 'constatación de denuncia' e invocan
denuncias anónimas realizadas por whatsapp en las que no se identifica
el denunciante, violando de modo manifiesto el Código de Procedimientos
Administrativos”.
“El procedimiento es arbitrario y
pretenden destruir los pilares básicos del Estado de Derecho: derecho
de defensa y del debido proceso legal garantizados por la Constitución
provincial y preparar el terreno para aliarse con políticas nacionales
encaminadas a los despidos y a la reducción del gasto”, indicó.
“Consideramos
que estas auditorías son de naturaleza totalmente irregular porque
violan el Estatuto para el Personal de la Administración Pública
Provincial, el Código de Procedimientos Administrativos, el Régimen de
Sumarios y la ley de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral
en la Administración”, enumeró.
“El trabajador de
la Administración Pública debe ser tratado como un sujeto de derecho,
promover cursos de capacitación a los que tengan acceso todos los
trabajadores y concursos para jerarquización del trabajador, porque
solamente con estabilidad laboral se pueden desterrar los abusos de
poder de la Administración Pública Provincial”, abundó.
“Las auditorías y relevamientos irregulares son los pilares donde hoy se apoya la violencia laboral.
A
partir del dictado por parte del Gobernador Peppo de dos decretos
inconstitucionales, se crea una Unidad de Enlace que se arroga funciones
que son específica competencia de las Unidades de Recursos Humanos, en
materia de control de ingreso y egreso de personal. Compulsan al
personal a firmar planillas que no tienen ningún tipo de aval legal,
solicitan informes, extraen fotocopias de actuaciones, exigen exhibición
de legajos, y se presentan sin credenciales y/o instrumentos legales
que definan puntualmente las atribuciones que tienen”, dijo.
“Se
presentan en los lugares de trabajo personas que vienen con una nota
suscripta por un Coordinador que aduce que se realizan acciones de
'intervención' por un supuesto Equipo Interdisciplinario, sin acreditar
capacitación profesional al efecto, violando la normativa, atento que
cualquier procedimiento de esta naturaleza se rige por el Decreto
1311/99 el que se encuentra vigente, y cuya autoridad competente es la
Dirección de Sumarios dependiente de la Asesoría General de Gobierno y
la ejecución corresponde a instructores sumariantes en el marco de
garantías del debido proceso y el derecho de defensa”, denunció.
En
tanto, Niz “repudió” la utilización de “denuncias anónimas recibidas
por whatsapp para atribuir a los compañeros conductas que no tienen
ningún tipo de respaldo documental y que constituyen el ejercicio de un
violencia psicológica sobre los trabajadores así tipificado por la ley
2023 -A- Prevención y erradicación de la violencia laboral en el ámbito
de la administración pública.
“Hoy desde el
Gobierno se ejerce una violencia institucional manifiesta y desmedida
que pone de relieve la transgresión al Art. 77 de la Ley 179. A (antes
Ley 1140) y artículo 15 del Decreto 1311/99, que regulan los supuestos
de denuncias formuladas a través de medios tecnológicos y prohíbe
expresamente dar curso si no se ha identificado al remitente”.
Finalmente
aseguró que en la administración pública provincial “hay falta de
equipamiento informático actualizado para la instrumentación del
gobierno electrónico, conexiones de Internet inestables con permanentes
cortes y sin la capacidad sustentable para el tipo de procesos que se
deben llevar a cabo, falta de insumos, de elementos de trabajo,
condiciones laborales deficientes, inobservancia de la carrera
administrativa por falta de concursos para cobertura de cargos por más
de 30 años, alto nivel de precarización laboral, personal capacitado y
formado sin la ubicación escalafonaria que corresponde, deudas abultadas
en materia de bonificaciones, y por sobre todas las cosas la deuda
social, sanitaria y educativa con el ciudadano, por parte de un Estado
que en vez de focalizarse en generar políticas de estado que aseguren
acceso a los derechos, crea mecanismos para policíacos – que actúan por
fuera de la ley vigente, para perseguir a los trabajadores con el
agravante que son respaldados por los funcionarios políticos que se
supone que son los obligados por Ley para erradicar la violencia laboral
de la Administración Pública Provincial”.
Fuente: D. Chaco
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