Mediante una resolución emitida el 6 de julio, el juez solicitó los informes a la
UNION PERSONAL CIVIL DE LA PROVINCIA (U.P.C.P.); ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y AUXILIARES DE LA SALUD PUBLICA (A.P.T.A.S.CH.); UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.); LA GREMIAL MEDICA HOSPITALARIA DEL CHACO; ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.). Allí pide que especifiquen si sus agremiados se encuentran ejerciendo el derecho de huelga y desde que fecha, que servicios se encuentran garantizados en las distintas dependencias en periodo de protesta, indicando el modo y forma de efectivización de la misma. Además requiere conocer todo otro dato de interés en relación a las medidas de fuerza.
“Desde la Defensoría del Pueblo estamos en la vereda de los trabajadores y siempre hemos respaldado y defendido el derecho a huelga, pero también entendemos que el derecho a la protesta no es absoluto y no puede conculcar otros derechos como el de tener acceso a la identidad y a la Salud Pública. Por eso nosotros no vamos en contra de las asociaciones gremiales, sino que pedimos al Estado que cumpla con su rol protector y garantice los servicios para todos los ciudadanos que lo requieren”, explicó Corregido.
En esa línea, detalló que cada una de las partes citadas en la resolución fue notificada de la misma, por lo que se está dando la posibilidad a todos que informen a la Justicia y manifestó que espera pronto se encuentre una solución al conflicto.
Fuente: D. Chaco
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