Sobre la medida, el secretario general José Niz dijo que “actuamos en defensa de la herramienta sindical, porque las sentencias dictadas por los tribunales son la antesala de la acefalía y preparan las condiciones para una intervención del sindicato. La sentencia dictada que anula la Asamblea General Ordinaria legalmente convocada y validada con la presencia del Ministerio de Trabajo de la Nación demuestra que el objetivo es silenciar a UPCP en una etapa complicada para nuestra provincia y para los empleados públicos”.
El dirigente reclamó el respeto que se debe a la Ley de Asociaciones Sindicales que establece claramente que el Ministerio de Trabajo de la Nación es la única autoridad dotada de competencia para regular y fiscalizar a los gremios.
Los pedidos
También se refirió a los puntos acordados con el Ejecutivo Provincial que concluye sus funciones el 10 de diciembre de este año y afirmó que “hay instrumentos legales que constituyen salario para nuestros compañeros que no se han ejecutado en su totalidad y definiciones tomadas en relación a la recategorización del personal conforme capacitación acreditada, concursos de ingreso para regularizar a personal que está sosteniendo los servicios y son precarizados, decretos que aún se tienen que firmar que constituyen conquistas que mejoran la calidad de los servicios públicos”.Por último Niz confirmó que “solicitamos formalmente una audiencia al gobernador electo y al gobernador en funciones con el objetivo de suscribir un acuerdo programático con plazos de ejecución de todo lo pendiente a la fecha, pero aún no recibimos respuesta. Los tiempos se acortan y es indispensable el cumplimiento de todos los puntos comprometidos en las conciliaciones obligatorias y en audiencias con los ministros del área”.
Fuente: D. Norte
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