miércoles, 14 de octubre de 2015

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Podría afectarse el pago de sueldos de diciembre a causa de los embargos por la “Ley de enganche”


Advertencia del fiscal de Estado, Jorge Alcántara
 
A los más de $ 8 millones que ya fueron embargados mediante un fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones, se le suman otros $ 900 millones con sentencias favorables a los demandantes. Más una proyección de otros $ 600 millones que deberían pagarse por sentencias que saldrían de aquí a mediados de 2016, tal lo determinó un informe sobre el tema llevado a cabo por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Esta es la preocupante situación que enfrenta el Gobierno de la provincia en plena transición, a causa de los juicios por la llamada “Ley de enganche”.


Así reconoció a NORTE el fiscal de Estado, Jorge Alcántara. El letrado advirtió sobre “consecuencias nefastas” si no se da curso a una legislación que garantice el “pago plurianual”. Es decir, que se limite el dinero que se puede destinar al pago de estos juicios en cada ejercicio anual.
Alcántara pintó un panorama negro respecto a las consecuencias de afrontar los pagos por la “Ley de enganche”. Consideró “fundamental e imprescindible” que la legislatura apruebe una norma para abordar el pago plurianual.
“Es indispensable”, aseguró ayer Alcántara, mientras el tema también era abordado como preocupación entre los diputados del bloque mayoritario de la legislatura y el gobernador electo, Domingo Peppo. “Si la Justicia sigue obrando como a esta hora, embargando cuentas con fines específicos, vamos a afectar a todo el pueblo del Chaco y vamos a ser testigos de la paralización del Estado”, dijo el fiscal.
En ese sentido, reconoció que “podría haber problemas para pagar sueldos en los últimos meses del año”. “Se afectaría la totalidad de los sueldos públicos. Nos va a resentir a toda la provincia. Queremos que se entienda esto y se establezca un mecanismo de pago acorde a las posibilidades del gobierno”, concluyó.

Pago plurianual, la salida
Alcántara, quien sigue actuando como fiscal de Estado en comisión por no contar con acuerdo en la Legislatura, enfrenta por estos días la difícil tarea de resolver los embargos que “complican financieramente al Gobierno” del Chaco. Se tratan de sentencias que se originan en el juicio ganado hace 23 años por los judiciales, luego de la sentencia a favor de la conocida como “Causa Müller”. La misma derivó ya en embargos por más de $ 8 millones y “pone en jaque las cuentas” de la actual gestión de gobierno y sobre todo de la que asumirá Peppo, desde el 10 de diciembre.
Esta situación ya no se disimula en la actual gestión, ya que el propio Alcántara solicitó una “excepción de espera” para evitar el pago inmediato de los $ 8 millones mencionados. Al no prosperar este proceso, la pelota quedó del lado del gobernador electo y los legisladores oficialistas.
“Se está trabajando en un recurso conocido como pago plurianual, porque la presentación apuntará a algo que creemos que no se está entendiendo en el Poder Judicial: lo exiguo de la caja del Estado”, mencionó el fiscal de Estado.
Alcántara intentó graficar y lamentó que para los jueces el pago de los juicios con sentencia firme sea un problema sólo de la actual gestión. “Un juez de Cámara me recordó que yo estaba para defender los intereses del Estado y no los de un gobierno en turno, como si defender la caja del Estado fuera defender a la actual gestión, algo que es totalmente errado”, dijo.
“Esto va mucho más allá. Es imposible que nuestra provincia se haga cargo de $ 1532 millones, que es lo que suman hoy los reclamos sumado a lo que se proyecta para mediados de 2016”, puntualizó.
El fiscal de Estado también se preocupó por dejar en claro que con las presentaciones realizadas no buscan deslegitimar el reclamo de los demandantes. “Lo que cuestionamos es el mecanismo de pago. Debe estar acordado, debe ser consensuado”, consideró.

Sálvese quien pueda
Para Alcántara hay magistrados que están cayendo en el “sálvese quien pueda”. “Si esto sigue así, obviamente vamos a ver lo que está pasando ahora: que los embargos caen sobre cuentas con destinos específicos de Salud, de Educación y otras destinadas a servicios sociales. Y la consecuencia es que todo esto va a ir incidiendo en la actividad del Estado”, detalló.
Resaltó que actualmente existen unas 900 sentencias firmes, de las cuales, 762 estarían en estado de ejecución, lo que deja al todo al bordo del embargo. “Un informe del Superior Tribunal de Justicia refleja que hoy por hoy hay un importe superior a $ 900 millones que podrían ser embargados en este proceso. Más una proyección de otros $ 600 millones que podrían ser embargados a mediados del año próximo”, insistió.
Es decir, en el próximo semestre el gobierno del Chaco debería enfrentar el pago de $ 1.500 millones. “Ese número no es manejable, teniendo en cuenta el presupuesto provincial. Es imposible de pagar”, concluyó el fiscal.
Según dijo, el Ministerio de Hacienda presupuestó un monto para pagar juicios de $ 200 millones para el Presupuesto del año 2016. “Más allá de eso, se podría sentar y negociar otro monto. Pero consensuar, ponernos de acuerdo”, recomendó.

Conciliación con el juez Flores
En este sentido, Alcántara comuincó que el 22 de noviembre, 18 días antes del cambio de mando provincial, tendrá una “audiencia de conciliación” que planteó “en todos los procesos” relacionados a la Ley de enganche.
“En esta audiencia de conciliación se atenderán a unos 80 demandantes que accionan en el juzgado de Flores. Trataremos que entiendan de la mejor manera posible las consecuencias, porque hablamos de consecuencias que serían nefastas si continuamos trabando embargo sobre las cajas del Estado, sin un acuerdo o sin una planificación”, resaltó.
Y por estos motivos, recordó que en cada una de las causas por la Ley de enganche se solicitó “vista fiscal”, lo que podría derivar en juicios por incumplimiento de deberes de funcionario público de varios magistrados.


Fuente:  D. Norte


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