El
secretario General de UPCP, José Niz, remarcó ayer la necesidad de
reabrir la paritaria para discutir una urgente actualización salarial
tomando en cuenta la inflación registrada en los últimos meses.
En tal sentido el 8 de agosto a las 10 se realizará un plenario provincial del Cuerpo de Delegados con la intención de definir las acciones a seguir en el caso de que el gobierno no reabra la discusión.
“La inflación presiona los empobrecidos bolsillos de la clase trabajadora y licuó el 25% impuesto por Decreto, justificando una convocatoria inmediata por parte del Ejecutivo para la negociación salarial del segundo semestre”, determinó.
“Se prevé para fin de año una inflación del 40% por ende los salarios deben ser recompuestos rápidamente para que no perdamos nuestro poder adquisitivo. La política salarial no puede ser reducida a una cuestión económica, porque el Estado Provincial debe priorizar la continuidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, aseguró.
“El
acta acuerdo suscripta entre el Gobierno Provincial y UPCP se centró en
aspectos relevantes para los trabajadores de la Administración Pública
Provincial entes descentralizados y autárquicos, logrando el
adelantamiento del pago de los incrementos salariales unilateralmente
resueltos por el Poder Ejecutivo Provincial que implicaron un 25% de
aumento para el sector, dividido entre los meses de marzo y julio,
estableciendo un piso salarial para los que menos ganan. Si bien existen
ajustes pendientes que debe ser realizados por el Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas en conceptos específicos que fueron objeto
de reclamo por parte del sindical”, manifestó.
Indicó que “la administración estatal está conformada por un 40% de agentes que no alcanzan con sus ingresos a cubrir los requerimientos de la canasta familiar. El Ejecutivo Provincial no paga las bonificaciones por título, por antigüedad, y se han detectado retrasos en el pago de las asignaciones familiares sumado a que el personal designado en la planta permanente por Ley 6655 no se le reconocen las cargas horarias extendidas que cumplían cuando eran contratados lo que provoca que no perciban bonificaciones y que se resienta la prestación de los servicios”.
Pasas a planta
También aseguró que “durante el segundo semestre se debe concluir el pase a planta de 400 agentes en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ejecutivo deberá autorizar los cupos correspondientes para dar continuidad a la ejecución del pase a planta previsto en la ley 6655, en áreas como Instituto del Deporte, Instituto de Cultura, Colonización, Dirección Provincial del Trabajo.”
Afirmó que “es indispensable realizar un censo para actualizar datos teniendo en cuenta que el último data del 2008 y sobre todo determinar la composición del recurso en materia de situación de revista, capacitación, cargas horarias, área de prestación de servicio”.
Evaluó además que “el desarrollo de las negociaciones sectoriales en las que no se han obtenido respuestas sustanciales y se ha notado una falta de compromiso de las autoridades superiores de las distintas jurisdicciones a mantener una continuidad en el tratamiento y solución de la problemática de las diferentes áreas, lo que genera a largo plazo la reactivación de los conflictos”.
“Son riesgosas las apreciaciones que ponen énfasis solamente en dos factores: el número de trabajadores y gasto público, sin evaluar previamente las necesidades institucionales de una provincia y el crecimiento exponencial de la demanda de servicios públicos como resultado del incremento de la pobreza de algunos sectores y la falta de acceso de los grupos vulnerables a servicios privados de salud y educación especialmente, sumado a la voraz inflación que afectó los bolsillos de los que menos tienen, indicadores que hoy marcan el crecimiento de la deuda social y que debe ser solucionada por los gobernante”, finalizó.
En tal sentido el 8 de agosto a las 10 se realizará un plenario provincial del Cuerpo de Delegados con la intención de definir las acciones a seguir en el caso de que el gobierno no reabra la discusión.
“La inflación presiona los empobrecidos bolsillos de la clase trabajadora y licuó el 25% impuesto por Decreto, justificando una convocatoria inmediata por parte del Ejecutivo para la negociación salarial del segundo semestre”, determinó.
“Se prevé para fin de año una inflación del 40% por ende los salarios deben ser recompuestos rápidamente para que no perdamos nuestro poder adquisitivo. La política salarial no puede ser reducida a una cuestión económica, porque el Estado Provincial debe priorizar la continuidad, eficiencia y eficacia de los servicios públicos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, aseguró.
El secretario general de la UPCP quiere volver a discutir un incremento salarial.
Indicó que “la administración estatal está conformada por un 40% de agentes que no alcanzan con sus ingresos a cubrir los requerimientos de la canasta familiar. El Ejecutivo Provincial no paga las bonificaciones por título, por antigüedad, y se han detectado retrasos en el pago de las asignaciones familiares sumado a que el personal designado en la planta permanente por Ley 6655 no se le reconocen las cargas horarias extendidas que cumplían cuando eran contratados lo que provoca que no perciban bonificaciones y que se resienta la prestación de los servicios”.
Pasas a planta
También aseguró que “durante el segundo semestre se debe concluir el pase a planta de 400 agentes en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ejecutivo deberá autorizar los cupos correspondientes para dar continuidad a la ejecución del pase a planta previsto en la ley 6655, en áreas como Instituto del Deporte, Instituto de Cultura, Colonización, Dirección Provincial del Trabajo.”
Afirmó que “es indispensable realizar un censo para actualizar datos teniendo en cuenta que el último data del 2008 y sobre todo determinar la composición del recurso en materia de situación de revista, capacitación, cargas horarias, área de prestación de servicio”.
Evaluó además que “el desarrollo de las negociaciones sectoriales en las que no se han obtenido respuestas sustanciales y se ha notado una falta de compromiso de las autoridades superiores de las distintas jurisdicciones a mantener una continuidad en el tratamiento y solución de la problemática de las diferentes áreas, lo que genera a largo plazo la reactivación de los conflictos”.
“Son riesgosas las apreciaciones que ponen énfasis solamente en dos factores: el número de trabajadores y gasto público, sin evaluar previamente las necesidades institucionales de una provincia y el crecimiento exponencial de la demanda de servicios públicos como resultado del incremento de la pobreza de algunos sectores y la falta de acceso de los grupos vulnerables a servicios privados de salud y educación especialmente, sumado a la voraz inflación que afectó los bolsillos de los que menos tienen, indicadores que hoy marcan el crecimiento de la deuda social y que debe ser solucionada por los gobernante”, finalizó.
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