Propician que el estado entregue a sus empleados constancias de los descuentos practicados en sus sueldos
A través de un proyecto de Ley, con alcance a activos y pasivos
Clelia Ávila, legisladora radical. Impulsa una ley para controlar los descuentos en los sueldos públicos. 12:26 Las entidades mutuales, cooperativas, gremiales y similares que perciben sus acreencias de parte del estado una vez que éste retiene a los empleados públicos los montos que ellos se comprometieron a abonar mes a mes mediante la aplicación de los “códigos de descuento” ya mereció la decisión del gobierno de poner freno a las altas tasas aplicadas y ahora no se permite cobrarles a los agentes públicos una tasa superior a la que cobra el NBCH. Una iniciativa de ley de Clelia Ávila apunta a profundizar el control sobre las operaciones, para lo que propicia obligar al estado a entregar a todo empleado público activo o pasivo al que se le practicaron descuentos, una constancia de los mismos a efectos de que cada uno pueda oficiar de contralor de lo que ha sido retenido de su salario para afrontar su obligación previamente comprometida.
El proyecto, que cuenta con el acompañamiento del legislador Carim Peche, establece como órgano de aplicación a la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
La iniciativa de Avila en su artículo primero expresa “Establézcase que las Entidades Mutualistas, Cooperativas, Sindicatos de agentes estatales, Asociaciones que nuclean a empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado y sus organismos descentralizados; Nuevo Banco del Chaco S.A. y/o Cajas Municipales, de conformidad con el Decreto Provincial Nº 2042/00 y 1295/98, destinadas a la financiación de servicios autorizados por el Poder Ejecutivo Provincial, con motivo de las deducciones pactadas voluntariamente por los agentes de la Administración Pública, DEBERÁN INFORMAR a las dependencias de liquidación de haberes lo siguiente: a) Tipo de obligación de la que deriva el descuento y monto del mismo y b) Tratándose de obligaciones en cuotas, número de las mismas a la que se imputa dicho descuento”.
“Estos datos deberán ser reflejados en los recibos de haberes expedidos por las respectivas áreas de liquidación de los mismos o en su defecto en el comprobante adjunto que emitirá la oficina correspondiente. La constancia referida tendrá para el agente público el carácter de suficiente documento para acreditar tanto los pagos parciales como totales de las obligaciones contraídas”.
En su artículo segundo el proyecto de Avila indica “Establézcase idénticas obligaciones a las expresadas en el artículo precedente, para las deducciones voluntarias que aplica la oficina de liquidación de haberes del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP) para el personal pasivo”.
LOS FUNDAMENTOS
La autora de la iniciativa parlamentaria señala en los fundamentos de su proyecto que “el modelo vigente del sistema de códigos de descuentos resulta insuficiente como mecanismo de deducciones masivas forzando la creación de nuevas formas de control y supervisión interna que permitan, al empleado público -deudor-, llevar un control efectivo y eficaz de los montos y conceptos por los cuales se descuentan de sus haberes las obligaciones voluntariamente contraídas”.
Avila agrega que “esta iniciativa también pretende que los empleados públicos, ante las cesiones de créditos que hagan sus acreedores, puedan contar con documentos válidos para demostrar el pago oportunamente realizado y hacer valer sus derechos ante posibles reclamos judiciales por parte del eventual cesionario”.
Finalmente la diputada Clelia Avila destaca que “contar con una norma que otorgue seguridad jurídica en defensa de la propiedad privada significaría llevar tranquilidad a numerosos hogares de una provincia en la que seguramente existe algún miembro de la familia que depende del Estado provincial y que voluntariamente accedió a los códigos de descuentos”.
Clelia Ávila, legisladora radical. Impulsa una ley para controlar los descuentos en los sueldos públicos. 12:26 Las entidades mutuales, cooperativas, gremiales y similares que perciben sus acreencias de parte del estado una vez que éste retiene a los empleados públicos los montos que ellos se comprometieron a abonar mes a mes mediante la aplicación de los “códigos de descuento” ya mereció la decisión del gobierno de poner freno a las altas tasas aplicadas y ahora no se permite cobrarles a los agentes públicos una tasa superior a la que cobra el NBCH. Una iniciativa de ley de Clelia Ávila apunta a profundizar el control sobre las operaciones, para lo que propicia obligar al estado a entregar a todo empleado público activo o pasivo al que se le practicaron descuentos, una constancia de los mismos a efectos de que cada uno pueda oficiar de contralor de lo que ha sido retenido de su salario para afrontar su obligación previamente comprometida.
El proyecto, que cuenta con el acompañamiento del legislador Carim Peche, establece como órgano de aplicación a la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
La iniciativa de Avila en su artículo primero expresa “Establézcase que las Entidades Mutualistas, Cooperativas, Sindicatos de agentes estatales, Asociaciones que nuclean a empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado y sus organismos descentralizados; Nuevo Banco del Chaco S.A. y/o Cajas Municipales, de conformidad con el Decreto Provincial Nº 2042/00 y 1295/98, destinadas a la financiación de servicios autorizados por el Poder Ejecutivo Provincial, con motivo de las deducciones pactadas voluntariamente por los agentes de la Administración Pública, DEBERÁN INFORMAR a las dependencias de liquidación de haberes lo siguiente: a) Tipo de obligación de la que deriva el descuento y monto del mismo y b) Tratándose de obligaciones en cuotas, número de las mismas a la que se imputa dicho descuento”.
“Estos datos deberán ser reflejados en los recibos de haberes expedidos por las respectivas áreas de liquidación de los mismos o en su defecto en el comprobante adjunto que emitirá la oficina correspondiente. La constancia referida tendrá para el agente público el carácter de suficiente documento para acreditar tanto los pagos parciales como totales de las obligaciones contraídas”.
En su artículo segundo el proyecto de Avila indica “Establézcase idénticas obligaciones a las expresadas en el artículo precedente, para las deducciones voluntarias que aplica la oficina de liquidación de haberes del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP) para el personal pasivo”.
LOS FUNDAMENTOS
La autora de la iniciativa parlamentaria señala en los fundamentos de su proyecto que “el modelo vigente del sistema de códigos de descuentos resulta insuficiente como mecanismo de deducciones masivas forzando la creación de nuevas formas de control y supervisión interna que permitan, al empleado público -deudor-, llevar un control efectivo y eficaz de los montos y conceptos por los cuales se descuentan de sus haberes las obligaciones voluntariamente contraídas”.
Avila agrega que “esta iniciativa también pretende que los empleados públicos, ante las cesiones de créditos que hagan sus acreedores, puedan contar con documentos válidos para demostrar el pago oportunamente realizado y hacer valer sus derechos ante posibles reclamos judiciales por parte del eventual cesionario”.
Finalmente la diputada Clelia Avila destaca que “contar con una norma que otorgue seguridad jurídica en defensa de la propiedad privada significaría llevar tranquilidad a numerosos hogares de una provincia en la que seguramente existe algún miembro de la familia que depende del Estado provincial y que voluntariamente accedió a los códigos de descuentos”.
Fuente: D. Chaco
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