El diputado Luis Verdún alertó sobre “las permanentes demoras en el pago de los salarios a docentes de escuelas privadas subvencionadas por el Estado provincial” y remarcó que “desde hace un tiempo considerable las Unidades Educativas Privadas (UEP) subvencionadas por el estado provincial reciben el aporte financiero destinado a las remuneraciones del personal docente alrededor del día veinte del mes siguiente”.
“Este proceder es inadmisible y sin ninguna justificación porque el dinero está contemplado en el presupuesto provincial, por lo tanto deberían manifestar públicamente cual es el verdadero problema que ocasiona el atraso y no justificaciones insólitos como que son proveedores del estado poniendo la tarea docente a la par de otro tipo de prestaciones que nada tienen que ver con la docencia”, añadió.
El legislador radical apuntó que “la ley de Educación nacional en su artículo Nº 65 establece la asignación de estos aportes financieros y la ley Nº 6691 de Educación Provincial considera este aporte como un derecho de las instituciones educativas de gestión privada que cumplan una función social y que tengan carácter gratuito o cuasi gratuito sin otros límites que los impuestos por el ordenamiento jurídico vigente”.
Luego recordó que “muchas de las escuelas privadas subvencionadas han sido transferidas desde Nación en los años 1993 y 1994, en este último año aquellas que tienen nivel superior, esta transferencia fue aprobada por la Ley Provincial Nº 3847 que ratifica el convenio determinado por la Ley nacional 24.049”.
Al respecto sostuvo que “desde entonces el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia cumplió con la transferencia de estos aportes en tiempo y forma, pero en estos últimos años se han producido demoras inexplicables dado que esos aportes están contemplados en el presupuesto, por lo tanto deberían explicar porque no están disponible ese dinero, en que se está utilizando”.
“Estas demoras ocasionan graves perjuicios a los docentes, incertidumbre, la imposibilidad de contraer compromisos económicos y la demora en el pago de bienes y servicios con el consecuente recargo, entre otros inconvenientes que generan descontento, malestar, sentimientos de exclusión y de injusticia”, indicó.
El legislador cuestionó el argumento de que “son proveedores del Estado” porque “resulta absurdo y falto de fundamentos ya que las personas físicas o jurídicas para ser proveedores del estado deben inscribirse en el registro establecido para tal fin por Ley Nº 4787, además de ser una disparate considerar a la educación como un insumo que se provee al estado, nuevamente están relativizando la importancia del trabajo docente y que la educación tiene como valor universal”.
“Es importante destacar que son numerosos los docentes de Unidades Educativas Privadas subvencionadas que funcionan en todo el ámbito provincial además del área metropolitana, Misión Nueva Pompeya, Juan José Castelli, Villa Ángela, General Pinedo, Santa Sylvina, Coronel Du Graty, Charata, General San Martín, Pampa del Indio, Pampa del Infierno, La Escondida, Salto de la Vieja, Presidencia de la Plaza, Las Palmas Presidencia Roque Sáenz Peña”, añadió.
“Este proceder es inadmisible y sin ninguna justificación porque el dinero está contemplado en el presupuesto provincial, por lo tanto deberían manifestar públicamente cual es el verdadero problema que ocasiona el atraso y no justificaciones insólitos como que son proveedores del estado poniendo la tarea docente a la par de otro tipo de prestaciones que nada tienen que ver con la docencia”, añadió.
El legislador radical apuntó que “la ley de Educación nacional en su artículo Nº 65 establece la asignación de estos aportes financieros y la ley Nº 6691 de Educación Provincial considera este aporte como un derecho de las instituciones educativas de gestión privada que cumplan una función social y que tengan carácter gratuito o cuasi gratuito sin otros límites que los impuestos por el ordenamiento jurídico vigente”.
Luego recordó que “muchas de las escuelas privadas subvencionadas han sido transferidas desde Nación en los años 1993 y 1994, en este último año aquellas que tienen nivel superior, esta transferencia fue aprobada por la Ley Provincial Nº 3847 que ratifica el convenio determinado por la Ley nacional 24.049”.
Al respecto sostuvo que “desde entonces el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia cumplió con la transferencia de estos aportes en tiempo y forma, pero en estos últimos años se han producido demoras inexplicables dado que esos aportes están contemplados en el presupuesto, por lo tanto deberían explicar porque no están disponible ese dinero, en que se está utilizando”.
“Estas demoras ocasionan graves perjuicios a los docentes, incertidumbre, la imposibilidad de contraer compromisos económicos y la demora en el pago de bienes y servicios con el consecuente recargo, entre otros inconvenientes que generan descontento, malestar, sentimientos de exclusión y de injusticia”, indicó.
El legislador cuestionó el argumento de que “son proveedores del Estado” porque “resulta absurdo y falto de fundamentos ya que las personas físicas o jurídicas para ser proveedores del estado deben inscribirse en el registro establecido para tal fin por Ley Nº 4787, además de ser una disparate considerar a la educación como un insumo que se provee al estado, nuevamente están relativizando la importancia del trabajo docente y que la educación tiene como valor universal”.
“Es importante destacar que son numerosos los docentes de Unidades Educativas Privadas subvencionadas que funcionan en todo el ámbito provincial además del área metropolitana, Misión Nueva Pompeya, Juan José Castelli, Villa Ángela, General Pinedo, Santa Sylvina, Coronel Du Graty, Charata, General San Martín, Pampa del Indio, Pampa del Infierno, La Escondida, Salto de la Vieja, Presidencia de la Plaza, Las Palmas Presidencia Roque Sáenz Peña”, añadió.
Fuente: D. Norte
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